El proyecto de sentencia fue elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, quien, según información de su equipo de trabajo, propondrá desechar la controversia constitucional interpuesta por los legisladores.

Entre sus argumentos destaca que el Poder Ejecutivo no violó la Constitución al darle facultad a la Secretaría de Gobernación, en el Reglamento, para otorgar permisos a centros de apuestas “una vez que haya valorado los requisitos correspondientes”.

El sentido del proyecto, ya en poder del resto de los integrantes del pleno, ha despertado opiniones encontradas en ministros como José Ramón Cossío Díaz, Juan Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Valls, lo que vislumbra una fuerte discusión sobre el tema.

El presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia se limitó a decir que el asunto “es uno de los de mayor impacto e interés político y social” que habrá de resolver el alto tribunal durante este año.

Pelea de gallos. El 17 de septiembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento a la Ley de Federal de Juegos y Sorteos (promulgada en 1947), que permitió los juegos de apuesta, los permisos para hipódromos, galgódromos y frontones, carreras de caballos y peleas de gallos, así como la operación de centros de apuestas remotas. Entró en vigor el 15 de octubre.

Dos semanas después los diputados presentaron la controversia ante la SCJN, bajo tres preceptos: se violaba el artículo 49 constitucional, porque el Ejecutivo, al autorizar un reglamento superior a la ley, invadía su esfera de competencia; se transgredía el artículo 73, fracción X, que faculta al Congreso para legislar sobre juegos y sorteos y se pasaba también por alto el artículo 89, fracción I, que limita la obligación del Presidente a ejecutar las leyes emitidas por el Poder Legislativo.

También se argumentó que los juegos con apuesta promovían la desunión y la ruina familiar, que las sumas que se manejan podían alentar el lavado de dinero y que propiciaban problemas sociales.

En primera instancia, la Cámara baja pidió suspender provisionalmente la aplicación del Reglamento, lo que fue negado por la SCJN que, sin embargo, sí aceptó la controversia constitucional que está por resolverse.

Moteles y familias. Tras la entrada en vigor de la nueva regla, se desataron polémicas y desencuentros en torno a esta actividad.

Para la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, por ejemplo, la instalación de casinos en el país generaría ingresos superiores a los mil millones de dólares adicionales a los 10 mil 880 millones que esa industria capta al año; se abrirían dos mil empleos directos y cinco mil indirectos por casino y se erradicaría la evasión de impuestos de establecimientos clandestinos y de más de 300 mil máquinas de apuestas que operan al margen de la ley.