En mayo del 2005 se comprobó que la Segob, bajo el mando de Santiago Creel —operación que se dio poco antes de que el panista iniciara la pugna por la candidatura presidencial— otorgó siete licencias por 25 años para la operación de 206 centros de juegos a instalarse en todo el país.

Los permisos fueron concedidos a las empresas Apuestas Internacionales, filial de Televisa (para operar 65 centros), Promociones e Inversiones de Guerrero (53 salas), Mío Games (10), Eventos Festivos de México (20), Promojuegos de México (10), Juega y Juega (18) y Entretenimiento de México (30).

Creel explicó que había sido una resolución del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos y de la Dirección adjunta en la materia; también justificó la acción “porque se rompían monopolios” como el de Jorge Hank Rohn, inversionista mayoritario de la empresa Operadora de Apuestas Caliente e Impulsora Géminis y actual presidente municipal de la ciudad de Tijuana.

Otras de las familias con propiedades de este tipo son las de Rubén Figueroa, Ramón Aguirre y Guillermo Cossío Vidaurri.

Por la misma época, mediados del 2005, apareció una primera pista de nexos entre las casas de apuestas y el narcotráfico: fueron ejecutados tres hombres vinculados al narco, que negociaban la instalación de un casino.

Un estudio de la consultora Economic Research Associates divulgó que en nuestro país la operación de tan sólo diez casinos representaría una derrama económica de dos mil millones de dólares anuales.

Hoy, se sabe, existen más de mil 500 casas de juego que operan en todo el país de manera irregular.

Apenas la semana pasada la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados propuso un punto de acuerdo urgente y de obvia resolución para exhortar a Gobernación a dejar de otorgar permisos para operar centros de apuestas y salas de sorteos, o cualquier otro tipo de juegos de azar hasta que la SCJN emitiera un fallo definitivo… La propuesta fue desechada en el pleno.